CGT denuncia las consecuencias de la reformasobre el personal laboral

3 Mar

El pasado día 11 entró en vigor la nueva Reforma Laboral. En ella, a parte de los gravísimos cambios en la legislación que dejan al amparo ym capricho de la voluntad empresarial toda relación laboral, se asestaba un golpe mortal a la situación de millares de trabajadores que se acostaron el día 10 con ciertas garantías profesionales y se despertaron el 11 con total desamparo e incertidumbre.

Durante años el acceso a la administración como Personal laboral se hacía a través de una oposición. Lo que conllevaba al previo estudio de un temario y el ser seleccionada o seleccionado según el resultado de varias pruebas. Normalmente y en época de “bonanza” quienes elegían presentarse a unas oposiciones lo venían haciendo bajo la idea de que dicho esfuerzo se vería recompensado, no con grandes salarios ni boyantes oportunidades, sino con seguridad. Y así ha sido hasta que el pasado sábado 11 se publicó la nueva Reforma en la que esta situación empeoró hasta situarnos en unas condiciones de mayor precariedad que cualquier empleado de cualquier empresa privada.

Si, decimos que cualquier trabajador de cualquier empresa privada. Ya que según esta ley queda legal y meridianamente claro que se pueden hacer ERES dentro de las distintas administraciones. Y no sólo eso sino que, a la par, se excluye a todo el personal laboral del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores (artículo en el que se contempla la posibilidad de interrumpir el contrato en caso de ERE; en el que se legisla la capacidad de acuerdo entre empresa y trabajadores para negociar soluciones a situaciones de insuficiencia presupuestaria).
Tales como acuerdos en reducciones de jornada, acuerdos de suspensiones de contrato temporales o acuerdos de posibles reducciones salariales con el fin de impedir despidos. Para los laborales queda una única posibilidad tras la declaración de un ERE: EL DESPIDO.

Ni 42 mensualidades ni 24, ni 45 días ni 33; es el 20 x 12 para todas y todos los laborales. El espíritu que mueve al ejecutivo de Rajoy a actuar de manera tan ruín queda retratado en las explicaciones con las que el propio gobierno argumenta la medida: “facilitará el redimensionamiento de aquellas estructuras administrativas que crecieron desmesuradamente durante la fase de fuerte crecimiento económico y que no son sostenibles desde un punto de vista financiero en el momento actual, ni existe una previsión de que lo sean en los próximos años”.
Aquí no nos encontramos ante un análisis de la estructura administrativa -la procedencia y porcentaje del cupo político del supuesto crecimiento, el aumento de cargos políticos, libres designaciones…- sino que simplemente se presenta como una herramienta con que los paganos y los cabezas de turco -de las penosas prácticas políticas y económicas- seamos los trabajadores. Desde el inicio de la crisis el lógico refrán de quien rompe paga, se ha venido sustituyendo por el de tu rompe que alguien pagará. El sentido común y el sentido de responsabilidad es algo que, actualmente, no existe, quedando patente en la redacción de esta Reforma. La idea de que este articulado pueda aprovecharse para efectuar cribas, purgas, para facilitar la externalización de los servicios públicos es, sencillamente, repugnante. Esta agresión deja sin sentido y se mofa de los esfuerzos y las expectativas de millares de trabajadores que se sacrificaron por conseguir unas condiciones laborales más dignas. Que eligieron seguridad a cambio de beneficio económico.

En la provincia de Burgos se calcula que habrá cerca de 4500 trabajadores laborales sobre los que penderá esta nueva amenaza.
Repartidos entre la administración central ( 250), Diputación (700) Junta de Castilla y León (2400) y ayuntamientos (1250). Los trabajadores laborales son esenciales para el correcto funcionamiento de servicios de necesidad básica y que, de otra manera, se encarecerían o se deteriorarían en base a un beneficio empresarial. Son aquellos trabajadores que garantizan el suministro de agua a sus viviendas, los mismos que les atienden en bibliotecas o quienes realizan labores de control o asistencia. Trabajadores que tienen que demostrar día a día su
capacidad y que se han de esforzar en realizar sus cometidos como cualesquiera otros trabajadores. Son un colectivo que se han tenido que preparar y demostrar -a través de una selección- que eran los mejor capacitados para el desempeño de sus funciones.

Desde la CGT se impulsa una campaña de información y lucha para todo el personal laboral de las distintas administraciones -locales, provinciales, autonómicas y estatales- como paso necesario para posteriores movilizaciones. Conscientes de que sólo el trabajador que conoce su situación puede adoptar las posturas que permitan la defensa de unas condiciones laborales dignas, de su aportación a el buen funcionamiento y la mejora de la sociedad y de su puesto de trabajo. Conscientes de que esta medida sólo favorecerá el empeoramiento, la
desaparición o la externalización -y el consecuente encarecimiento- de los servicios públicos. De ahí este llamamiento a la concienciación de los trabajadores afectados, para contar con su compromiso y su esfuerzo a la hora de echar atrás esta ofensiva contra la dignidad de los trabajadores y contra la propia existencia del empleo tal y como lo conocemos que es la Reforma Laboral.

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