El gobierno quiere dar miedo y armarse legalmente para reprimir las protestas contra su política

18 Abr

Comunicado de Izquierda Anticapitalista

La batería de recortes de derechos impulsada por el gobierno del PP se amplía por momentos y se está convirtiendo en habitual que cada vez que un ministro realiza declaraciones o aparece en el Parlamento, lo hace para anunciar nuevos ataques a los derechos sociales y democráticos.

Ahora le ha tocado turno al ministro de interior, Jorge Fernández Díaz- que ya destacó en febrero junto con la delegada de gobierno Paula Sánchez de León a causa de las violentas intervenciones policiales en la “Primavera Valenciana” -anunciando una reforma del Código Penal para hacer frente, según él, a la “espiral de violencia de los colectivos antisistema”. Entre las medidas que ha adelantado el responsable de interior se encuentra las siguientes:

  • Considerar delito de integración en organización criminal el hecho de “alterar gravemente el orden público”
  • Hacer lo mismo en lo referente a “concertar concentraciones violentas por cualquier medio de comunicación como Internet y las redes sociales”
  • Incluir como delitos de desórdenes públicos “los supuestos en los que se penetre en establecimientos públicos o se obstaculice el acceso a los mismos ampliando el tipo de daños con alteración del orden público a los daños que se produzcan por interrupción o perturbación de cualquier servicio público”
  • Considerar delito de atentado contra la autoridad “la resistencia activa o pasiva grande ante las fuerzas de seguridad e incluir entre las modalidades de acometimiento las amenazas y comportamientos intimidatorios, la embestida y lanzamiento de objetos peligrosos y considerar como agravante la comisión de estas conductas delictivas”.

Parece, a la vista de lo anterior, que el gobierno pretende armarse legalmente para descargar la represión sobre los movimientos sociales, utilizando técnicas de sobra conocidas. La primera y principal de ellas no es otra que la de convertir en “criminales” (o sospechosos de poderlo ser) a todos aquellos grupos que se oponen frontalmente al sistema capitalista. El procedimiento es sencillo: se publicitan y magnifican hasta el paroxismo acciones como las que recientemente sucedieron en Barcelona y, a continuación, se mete en el mismo saco a cualquier persona o colectivo más o menos “radical” o “antisistema” que por este mismo hecho se convierte ya en “sospechoso”. Si los hechos “violentos” no ocurren por si solos da igual, para eso están los “provocadores policiales”, cuya acción ha sido detectada y denunciada en múltiples ocasiones.

En este caso, sin embargo, se va más lejos que en otros anteriores no sólo por pretender considerar criminales a manifestantes y activistas sociales, sino por querer convertir en delito la “penetración en establecimientos públicos” (¿lo son los bancos? ¿lo es el Corte Inglés?) o la “perturbación de un servicio público” (si corto una calle… ¿acaso no estoy interrumpiendo un servicio público de transporte?).

El colmo llega cuando se nos indica que la “resistencia pasiva grande” (¿cuál es la pequeña?) ante las fuerzas de seguridad será un atentado contra ésta. Lo cual quiere decir que si nos sentamos en el suelo y no nos movemos cuando la policía nos lo indique, nos convertimos en “criminales”.

Es evidente que todas estas medidas anunciadas, además de convertirse en armas represivas dispuestas a ser disparadas sobre los movimientos sociales, intentan generar miedo. Un miedo que se pretende hacer extensivo no sólo a las propias activistas de los movimientos, sino a la ciudadanía en general a la que se busca retraer de participar en protestas y aislar de los núcleos políticamente más conscientes y activos. En particular, aunque no únicamente porque el objetivo es muy amplio, se apunta hacia el movimiento del 15M, caracterizado por su uso intenso de las redes sociales, las ocupaciones pacíficas y la resistencia pasiva. Es decir, de un plumazo, por ley, quieren convertir a un movimiento que siempre se ha manifestado como pacífico en violento y criminal. También los altavoces mediáticos de la extrema derecha, en este caso “La Razón”, han señalado ya con el dedo a organizaciones como Izquierda Anticapitalista o el Militante acusándolas de hacer “llamadas constantes a la lucha y a la desobediencia”

El gobierno es muy consciente de que su salvaje política antisocial y de recortes va a generar- ya lo está haciendo -una gran contestación social. Ante ello se arma legalmente para hacer frente a las protestas masivas que puedan tener lugar, indicando con claridad que piensa recurrir todo lo que haga falta a la represión directa sobre los movimientos de protesta. Pero esta actuación del gobierno de Rajoy no se trata de un hecho aislado en el actual contexto europeo, ya que en el periodo histórico de crisis que se ha abierto, justamente por las violentas convulsiones sociales que origina, capitalismo y democracia se vuelven cada vez más incompatibles. Como negras experiencias del pasado demuestran, el capitalismo, confrontado a situaciones de crisis profunda, no duda en despojarse de sus ropajes democráticos para hacer uso de la más férrea represión y del recurso a regímenes dictatoriales y fascistas. En la punta de lanza de tales experiencias antidemocráticas pueden estar en el presente, países como Grecia o el Estado español, particularmente golpeados por la crisis.

Ante una tal actitud represiva y antidemocrática no queda sino denunciarla, exigir la retirada inmediata de esta propuesta de recorte de derechos y la dimisión de quien ha tenido la desfachatez de formularla. Pero no hay que quedarse ahí puesto que parece ya evidente que nos hallamos ante un intento de involución política en toda regla caracterizada por el aumento indiscriminado de la represión y de la políticas securitarias; la limitación de derechos sindicales; los atentados contra los derechos de mujeres y minorías sexuales; y los ataques contra los derechos nacionales a través de la búsqueda de recentralización del Estado. Todo lo anterior exigirá desde ahora mismo una acción decidida del conjunto de movimientos sociales y de organizaciones sindicales y políticas.

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